LENGUAS Y POLÍTICA

La realidad plurilingüe de España es un asunto que tratamos en todos los cursos de ESO y Bachillerato y que hemos abordado varias veces en el blog. Siempre ponderamos el valor y riqueza de ese patrimonio lingüístico del que gozamos en nuestro país, en el que se hablan hasta siete lenguas diferentes: castellano, catalán, gallego, euskera, aragonés, asturiano y aranés. Pero en las cuestiones lingüísticas la política siempre interfiere con sus planteamientos. Para muestra valga un botón: desde ayer, martes 19 de septiembre, el Congreso de los Diputados permite el uso de las lenguas cooficiales (el catalán, hablado en Cataluña, Baleares y Valencia; el euskera, hablado en el País Vasco y Navarra; el gallego, hablado en Galicia). Esta noticia que, en principio, es muy positiva, ha levantado, sin embargo, una gran polvareda en los medios de comunicación y en la escena política. La diversidad lingüística ha dejado de ser interpretada por todos igual y desvela planteamientos políticos muy diferentes e incluso enfrentados. 

El escritor Isaac Rosa, en su irónico artículo El día del pinganillo (aparecido en El Diario.es), afirma que "si tienes dudas sobre la orientación política de algún conocido, familiar o vecino, coméntale lo de este martes en el Congreso". Y concluye: "no falla nunca: las lenguas de España distintas al castellano son la mejor piedra de toque para identificar al nacionalismo españolista más rancio. En cuanto oyen hablar catalán, euskera o gallego fuera de sus territorios (y a menudo también cuando lo oyen dentro), saltan." Esta es la realidad a la que se van a enfrentar nuestros alumnos, porque la política enturbia muchas veces las cuestiones lingüísticas y no solo en este caso. Piénsese en el debate en torno al valenciano o en la convivencia de tres lenguas en Aragón.

Comparto con los lectores del blog dos editoriales aparecidos hoy mismo que tratan este asunto con ópticas completamente opuestas. El primero es del diario ABC, de tendencia conservadora, que titula de forma expresiva su texto: Sacrificar la lengua común. El segundo es del diario El País y se titula Lenguas españolas, recalcando el valor de esa diversidad lingüística. Su lectura y comentario nos ayudará a entender mejor esa relación entre lenguas y política. El debate está servido.

Sacrificar la lengua común

La promoción de las lenguas cooficiales en el Congreso no la defienden quienes creen en las comunidades políticas plurales y libres, sino quienes buscan elevar muros entre españoles

El Congreso vivió ayer, por primera vez en su historia, un pleno en el que los diputados se vieron obligados a utilizar pinganillos con traducción simultánea para poder entenderse entre sí. Con esta sesión parlamentaria dio comienzo la modificación del reglamento, tramitada en lectura única y por vía de urgencia, que permitirá el uso de lenguas que sólo son cooficiales en algunos territorios. Se sacrifican así siglos de parlamentarismo que han hecho de la lengua castellana el instrumento vehicular de entendimiento entre todos los españoles. Un idioma que es, además, la lengua más hablada en todas y cada una de las comunidades autónomas que componen nuestro país.

La sesión parlamentaria de ayer no giró en torno a la riqueza lingüística de España, ni tan siguiera tuvo por objeto el pluralismo idiomático que nos enriquece como nación. El debate de ayer responde exclusivamente a los términos de una negociación impuesta por el nacionalismo separatista y que, para desgracia de todos los españoles, el Partido Socialista está dispuesto a aceptar. Hablamos del mismo partido que hace apenas un año, el 21 de junio de 2022, votó en contra del uso de las lenguas cooficiales. El partido de Gómez de Celis, quien presidía la Cámara en ese momento, y que llamó al orden a varios diputados por expresarse en lenguas distintas del castellano en aquella sesión parlamentaria. El mismo partido, al fin, de Meritxell Batet, quien en mayo del mismo año había retirado a Albert Botran la palabra por hablar en catalán.

Que el español es y seguirá siendo la lengua común en la Cámara lo prueba un hecho incontrovertible: los pinganillos que ahora servirán para escenificar ficticiamente una diferencia entre españoles tendrán el castellano como idioma común. De este modo, esta gran dramaturgia de babel acabará devolviendo a todos los diputados a ese lugar común que es la lengua española. Recordemos, además, que cada uno de los diputados son representantes no de sus territorios, sino de toda la ciudadanía en su conjunto. Pero ahora, para poder contentar a los nacionalistas, muchos españoles se verán privados de poder escuchar a sus representantes sin mediadores gracias a esta iniciativa legal. La sesión de ayer constituyó, además, un dislate procesal. De hecho, antes de que se haya aprobado la norma que permitirá el uso del euskera, el gallego o el catalán, hemos visto a diputados expresarse en estas lenguas, lo que incumple la redacción actual del reglamento y demuestra, a su vez, el nulo aprecio por la institucionalidad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Suyo es el mérito de que en apenas dos sesiones, el Congreso se ha sometido a una erosión formal sin apenas precedentes. 

 

Lenguas españolas

Impulsado por la aritmética parlamentaria, el uso del catalán, el euskera y el gallego llega al Congreso con normalidad

El castellano ya no es la lengua de uso único y obligatorio en el Congreso de los Diputados. Desde este martes, el catalán, el euskera y el gallego, tres idiomas de uso oficial en seis comunidades autónomas, podrán ser utilizados también en el órgano de representación de la soberanía nacional, como ya sucedía en el Senado.

España se iguala así a democracias federales de arraigado multilingüismo institucional como Bélgica, Canadá y la Confederación Helvética. Lejos de significar un atentado contra la igualdad entre los españoles y un factor de división y discordia, como pretenden quienes se han opuesto a la proposición de ley que se aprueba definitivamente este jueves, es un factor de unión entre los ciudadanos y un avance en la igualdad de sus derechos como hablantes. Además, desarrolla no solo la letra de la Constitución sino que recupera también el espíritu de diálogo y concordia que marcó su redacción.

La sesión en el Congreso responde plenamente al título preliminar de la Ley Fundamental, con frecuencia olvidado, donde se señala que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. ¿Qué mayor respeto y protección que reconocer el derecho de los representantes de los ciudadanos a expresarse en los idiomas que hablan sus representados? Como señaló el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, respecto al régimen nacido en 1978, la actual iniciativa trata de convertir en normal en el Parlamento lo que ya es normal en la calle. La única anomalía es que haya llegado tan tarde y solo debido a la necesidad del PSOE —que tradicionalmente se opuso a la medida— de contar con los votos de los nacionalistas catalanes para asegurarse la presidencia de la Cámara. No sirven los argumentos funcionalistas que reivindican el uso de una sola lengua porque sea la que todos hablan. Las lenguas no agotan su función social en la mera comunicación. También atesoran un enorme valor simbólico. Tiene todo el sentido que la lengua oficial en toda España, el castellano, sea utilizada con mayor frecuencia que las autonómicas como idioma común, pero convertir su uso en obligatorio es cercenar el espíritu constitucional.