Es
una triste noticia que se involucre a las lenguas en peleas políticas
coyunturales, sobre todo cuando el debate deriva hacia una estrategia de
crispación que exige el falseamiento de la realidad, las ofensas y las
manipulaciones. [Luis García Montero]
Como en el debate político de las últimas semanas, a propósito
de la aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre del Proyecto
de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), se ha
puesto al castellano en el centro del debate político, conviene conocer un poco
más a fondo las posturas ideológicas que sustentan opiniones tan diversas como
la que hoy expone el escritor Mario Vargas Llosa en El País (La lengua oculta) o la que escribió Luis García Montero en
Infolibre hace unos días (Dejemos en paz las lenguas). Los dos ponderan la importancia del castellano en el mundo
actual, pero a la hora de valorar la situación en la que vive el castellano hoy en España
presentan visiones y análisis opuestos. El artículo del Premio Nobel de Literatura se
alinea en los postulados de la derecha política y el artículo del director del
Instituto Cervantes recoge ideas que se inscriben en una sensibilidad de
izquierdas, posturas ambas sobradamente conocidas en el panorama político y cultural de nuestro país.
Dejo a los lectores, además de los enlaces para leer
los artículos de forma íntegra, un extracto de cada uno de los artículos para
que ellos saquen sus conclusiones, después de sopesar la fuerza de los
argumentos de cada uno.
LA LENGUA OCULTA
Mario Vargas Llosa
[…] Contrariamente a lo que sería
natural, el regocijo y el orgullo de un país cuyo idioma ha ido adquiriendo con
el correr de los siglos una universalidad que sólo tiene por delante al inglés,
pues el mandarín y el hindi son demasiado complicados y locales para ser
idiomas verdaderamente internacionales, en España misma, la tierra donde
aquella lengua nació y evolucionó y heredó luego el mundo entero, como nos
descubrieron entre otros el gran don Ramón Menéndez Pidal y sus discípulos, hay
desde hace algún tiempo una campaña de parte de los independentistas y
extremistas para rebajarla y disminuirla, cerrándole el paso y procurando (muy
ingenuamente, claro está) abolirla o reemplazarla. Acaba de ocurrir una vez
más, con la nueva ley de educación que ha aprobado, con un solo voto más del
que necesitaba, el actual Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos,
con el apoyo de Bildu, la continuación de ETA, la organización terrorista que
asesinó a casi novecientas personas, y que ahora ha abandonado la lucha armada
y se ha integrado a la legalidad. Y, por supuesto, de Esquerra Republicana,
cuyos principales dirigentes han sido condenados por los tribunales españoles
por convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña estando
prohibidos de hacerlo explícitamente por la Constitución de 1978, vigente en la
actualidad.
La negociación que ha permitido esta
alianza, sobre la que algunos socialistas discrepan, ha sido muy simple. El
Gobierno de Pedro Sánchez necesitaba aprobar su proyecto de presupuestos en las
Cortes. Para ello, Unidas Podemos atrajo los votos del Partido Nacionalista
Vasco (el PNV), de Bildu y de Esquerra, y éstos, ni cortos ni perezosos, se
apresuraron a concederlos siempre que el Gobierno aceptara modificar la ley
suprimiendo el carácter “vehicular” del español que señala específicamente la
Constitución. Esta es la razón por la que el castellano o la lengua española ha
pasado a ser, según esta ley, una lengua oculta o clandestina. Quien lee dicha
ley, llamada “la ley Celaá” por la ministra de Educación que la ha concebido,
se queda sorprendido de que en un proyecto que establece las formas de la
educación en todo el país, el español o castellano aparezca de solo pasada. El
español, la lengua que nació en Castilla, cuando el país estaba semiocupado por
los árabes y que se ha convertido en una lengua universal, ¿dónde está? Se
trata de una lengua disminuida, silenciada, preterida ante lenguas locales que
son habladas por minorías, y uno de los ministros del Gobierno ha tenido la
audacia de decir que todo el escándalo que se ha suscitado al respecto se
hubiera evitado si el español no hubiera estado “envenenando” el clima escolar
en Cataluña, donde algunos colegios, que respetan las leyes, daban las horas de
clases en castellano a que están obligados y que, en su mayoría, los colegios
catalanes no respetan. La ley señala que las clases en español o castellano
constituyen un derecho de todas las personas nacidas en España. ¿En cuántas
comunidades autónomas bilingües se cumple esta disposición? Me temo que sólo en
una minoría. Pues, aunque parezca imposible, la campaña contra el español en la
tierra donde nació Cervantes sigue en marcha. Sería algo así como un verdadero
suicidio que esta idiotez prosperara, no para el español o la lengua
castellana, que tiene más que asegurado su futuro en el resto del mundo. Más
bien, para España, a quien arrancarle la lengua sería arrancarle el alma. Es
simplemente impensable que el país donde nacieron la lengua castellana, Quevedo
y Góngora, además de cientos de escritores que le han dado prestigio y
dimensión universal al español, éste sea objeto de una victoriosa campaña de
discriminación. Ella no puede ni debe prosperar. Los hispanohablantes, que
formamos una gigantesca mayoría en el país, debemos impedir este absurdo
intento de minusvalorar y postergar el castellano frente a las lenguas periféricas.
Firmemos los manifiestos que haga falta y salgamos a las calles cuantas veces
sea necesario: el español es la lengua de España y nadie la va a enterrar.
***
DEJEMOS EN PAZ LAS LENGUAS
Luis García Montero
España tiene la suerte de compartir un
idioma tan sólido y extenso como el español y, también, de disfrutar una
pluralidad lingüística reconocida oficialmente. A los que, sin saber de lo que
hablan, están arremetiendo contra la nueva ley de educación con el argumento de
que pone en peligro el castellano en Cataluña, quiero recordarles el artículo
tercero de nuestra Constitución. La lengua es parte de la identidad porque,
además de nombrar y describir, las palabras implican una acción. Es decir, la palabra
Constitución nos constituye: “El castellano es la lengua española oficial del
Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a
usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en
las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.
Como la
Constitución nos constituye, los responsables de la Constitución tuvieron
cuidado en encontrar fórmulas que sirviesen para salir en lo posible de muchos
años de dictadura. Como filólogo, soy más partidario por motivos históricos del
término español para
nombrar a nuestra lengua. Pero con castellano
se quería entonces ofrecer un ámbito
inclusivo a las otras lenguas también españolas. Hoy es normal
utilizar los dos términos, dependiendo de los diversos países de la lengua y de
la voluntad o costumbre de cada hablante. No es un problema.
Quien dice que el español está en
peligro miente. Los españoles somos el 8%
entre los hablantes de una lengua que se extiende demográficamente con paso
firme. Quien quiera ayudar al español no debe preocuparse por un peligro de
desaparición, sino por reforzar su presencia en el mundo consolidando su
prestigio cultural, científico, técnico y por unir su imagen a los valores de
la democracia y la multiculturalidad. Mezclar al español con ideas
imperialistas o con faltas de respeto a otras lenguas supone un camino
pernicioso, una tremenda equivocación.
El bilingüismo
es un bien. La democracia española debe aprovechar la posibilidad enorme del
español como lengua internacional y debe también apoyar y asegurar la verdad
cultural y social de las otras lenguas oficiales del Estado. La diversidad, vuelvo a repetirlo, es una riqueza, y
respetarla es el único modo de reforzar los vínculos.
Llama la
atención que el debate sobre la palabra vehicular
en la nueva ley haya tenido muy poca repercusión en Cataluña, Galicia
o País Vasco y mucha entre los partidos que están exasperando en el resto
del Estado su política de oposición al Gobierno. Se trata de una calificación
añadida en 2013 y que no ha tenido incidencia en el sistema educativo catalán.
Un conocimiento honesto y real de la situación demuestra que la política de
inmersión catalana es buena para la realización social de la ciudadanía que
vive en Cataluña y que el español no está en peligro
allí ni en el resto del mundo. Los problemas surgidos son
puntuales y, claro, estará bien utilizar la experiencia de años de
funcionamiento para solucionarlos.
La nueva ley
de educación puede causarle problemas a los colegios que quieran segregar por
sexo a los alumnos o cobrar a la vez al Estado y a las familias, pero no a los
que tienen la obligación y el derecho de hablar español. Es triste que se
mezcle nuestra lengua, junto con el racismo, el machismo o el terrorismo, para exasperar y generar odio.
Poco sensato
es el nacionalista catalán que no comprende la riqueza inmensa que para
Cataluña supone hablar, además del catalán, un idioma tan valioso como el
español. Poco sensato es el nacionalista español que
desprecia el catalán, una de las lenguas españolas llenas de
historia y de fuerza social y cultural. Y poco sensato es quien en nombre de la
democracia mete en un debate sucio a las lenguas maternas, olvidando que son
indispensables para la creación de la convivencia, el respeto individual y la
conciencia cívica.